No estamos ante una discusión menor sobre comodidad ni ante un capricho organizativo. Estamos ante una cuestión de salario indirecto, de salud laboral, de conciliación y de puro sentido común.
A 19 de marzo de 2026, la escalada bélica con Irán ha vuelto a sacudir los mercados energéticos: el Brent llegó a superar intradía los 119 dólares por barril, el gas europeo repuntó con fuerza y el BCE ha revisado al alza su previsión de inflación para 2026 precisamente por el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Oriente Próximo. No hablamos, por tanto, de un escenario abstracto, sino de una crisis real, con efectos inmediatos sobre los precios, la movilidad y las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.
En ese contexto, mantener recortado el teletrabajo supone trasladar a la plantilla el coste de una crisis global sin motivo ni necesidad real. Cada día extra de presencialidad obligatoria significa más gasto en combustible, transporte, tiempo de desplazamiento y desgaste personal. Y cuando la energía sube, no solo se encarece ir a trabajar: también se encarece la cesta de la compra y el coste de la energía en el hogar. Por eso, reivindicar la vuelta a, al menos, tres días de teletrabajo, junto con la actualización de las compensaciones por los gastos asociados, no es pedir un privilegio; es exigir una respuesta racional para proteger el poder adquisitivo y reducir la exposición diaria de las personas trabajadoras a una volatilidad que ya está impactando en toda Europa.
El propio convenio de Siemens Rail Automation reconoce expresamente el peso del desplazamiento cotidiano mediante el plus de distancia y transporte, regula mecanismos de flexibilidad horaria y contempla el teletrabajo como herramienta de conciliación cuando las funciones son compatibles con el trabajo a distancia. Ahora toca avanzar en esa dirección y que la Dirección demuestre que sus discursos no son mera palabrería. Es decir: la empresa ya ha asumido por convenio que la organización del trabajo debe adaptarse cuando el contexto externo lo exige. Ha llegado el momento de cumplir.
Y hay un elemento más que no conviene olvidar: cuando la presencialidad se traduce en sobrecargas, recuperaciones y acumulación de excesos horarios, el conflicto acaba apareciendo y la gente acaba buscando empresas en las que se concilie mejor. Si ya existe tensión en la gestión del tiempo de trabajo, insistir en una presencialidad más rígida en plena crisis energética solo agrava el problema.
Por eso, la actualización del modelo de trabajo a distancia debe plantearse como una medida de equilibrio y de responsabilidad empresarial. Equilibrio, porque permite combinar actividad presencial y trabajo remoto sin vaciar de contenido la vida de oficina. Responsabilidad, porque reduce costes para la plantilla, mejora la conciliación, disminuye tiempos muertos de transporte y refuerza una cultura preventiva coherente con el momento que vivimos. No es una propuesta maximalista: es un suelo razonable para una empresa que ya ha demostrado que puede funcionar con esquemas de trabajo más flexibles.
Quien hoy se opone a recuperar ese mínimo de tres días de teletrabajo está tomando una decisión muy concreta: obligar a las personas trabajadoras a absorber, con su tiempo, su bolsillo y su salud, una parte creciente del coste de la crisis. Y eso no es modernidad ni eficiencia. Eso es socializar las pérdidas hacia abajo.
Defender el teletrabajo ahora es defender algo muy básico: que el salario no se siga evaporando en gasolina, abonos, atascos y horas robadas a la vida. Defender el teletrabajo ahora es defender conciliación, prevención y dignidad. Y defender, al menos, tres días de trabajo a distancia no es pedir demasiado: es exigir lo mínimo razonable en una coyuntura extraordinaria.
La Dirección debe actuar. Y debe hacerlo con rapidez.
